(Autor: DAR). En medio de la crisis por la COVID-19, derechos como el de acceso a la información han sido restringidos en muchas partes del mundo. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú, tratado internacional único en materia ambiental es vital para resguardar estos derechos en América Latina y el Caribe. Asimismo, Escazú promueve mecanismos para la protección de las poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas quienes demandan recibir información diferenciada y actualizada sobre los impactos de la pandemia hacia sus comunidades.
Este tratado obliga a los gobiernos garantizar la información relevante en casos de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, señaló Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú. Por ello, es de suma importancia para la región que países como Costa Rica y Perú, con procesos en el Poder Legislativo ratifiquen el Acuerdo, pues estamos a 3 países para que entre en vigor.
Para que los pueblos indígenas hagan frente a la COVID-19, la representante de DAR recomendó que los estados involucren a sus organizaciones representativas para que participen en el establecimiento de planes focalizados en salud, educación y economía indígena. Alertó que las medidas de reactivación de la economía poscuarentena no deben flexibilizar derechos humanos.
Estas declaraciones fueron vertidas durante su participación del conversatorio en línea «Impacto del COVID-19 en el Derecho y Políticas Públicas Ambientales hacia el Desarrollo Sostenible en un Nuevo Orden Mundial».
Por su parte Andrés Nápoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina hizo un recorrido sobre la relación del coronavirus y el medio ambiente. Explicó que diversos procesos y políticas ambientales, como la lucha contra el cambio climático, el ordenamiento territorial y la evaluación ambiental serán impactados, siendo necesario estar vigilantes sobre su desarrollo.
Euren Cuevas del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) brindó un panorama de la gestión ambiental en República Dominicana. Precisó que las poblaciones sujetas a malas condiciones ambientales por diversos proyectos sufren mayor impacto de la COVID-19.
El conversatorio fue organizado por la Vicerrectoría de Extensión, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de Ciencias, de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas.
Para ver el conversatorio hacer clic aquí.
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