Por Francisco Rivasplata Cabrera, Coordinador del programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR.
En noviembre del 2012, nuestro país presentó su solicitud de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible (OCDE) con el propósito de formar parte de este grupo de 37 países, entre los que se encuentran tres países de la Alianza del Pacífico: México (desde 1994); Chile (desde el 2010), y Colombia (desde el 2020). Para ser parte de este “selecto” grupo, nuestro país no solo debe tener una economía estable, sino que necesita que sus instituciones públicas estén comprometidas con la democracia y con el ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Es así como en diciembre del 2014 se lanza el Programa País OCDE – Perú con el objetivo, justamente, de fortalecer el proceso de mejora de las políticas públicas y apoyar en las reformas institucionales de nuestro país para que se adecúe a los estándares de los países miembros de la OCDE. En el marco de este proceso, el Perú ha promulgado 29 decretos legislativos que implementan las recomendaciones de la OCDE y otras normas en áreas como medio ambiente, gestión de residuos, transparencia, etc. Asimismo, se convirtió en el primer país adherente a las Líneas Directrices de la OCDE en someterse a un Estudio sobre políticas públicas de Conducta Empresarial Responsable (CER). Y es que, como bien se establece en el Acuerdo Nacional, los países admitidos en la OCDE son aquellos que están dispuestos a armonizar sus políticas públicas con los estándares de esta organización.
Es justamente en el marco del informe “Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de Conducta Empresarial Responsable” publicado en el 2020[1], donde se presentan recomendaciones prácticas para reforzar la implementación de los principios y estándares de CER en nuestro país. Pero ¿qué dice la OCDE sobre el Acuerdo de Escazú? En primer lugar, reconoce que “la reciente adopción del Protocolo para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos (2019), junto con la posible ratificación del Acuerdo de Escazú proporcionan un marco de políticas públicas propicio para la protección de los defensores de los derechos humanos en el Perú”. Asimismo, a partir de la evidencia de los impactos sobre los derechos ambientales en nuestro país, establece que es necesario “salvaguardar las vías de acceso a la información ambiental, los procesos de participación pública, y el acceso a la justicia ambiental a través del sistema judicial”, culmina remarcando que “el gobierno debería priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú como primer paso para garantizar estas protecciones”.
El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos que se elaboró de manera participativa y multiactor a partir del principio 10 de la Declaración de Río de 1992, desarrolla derechos como la transparencia y acceso a la información en materia ambiental; la participación en materia ambiental y el acceso a la justicia en materia ambiental. Y es que el desarrollo económico solo es posible en un país con instituciones sólidas, democráticas y transparentes. Hay que recordar que la corrupción le cuesta a los peruanos un aproximado de 17 mil millones de soles al año según información de la Contraloría General de la República [2 ]y que más del 60 % de conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo [3], se refieren a conflictos socio ambientales que paralizan proyectos de inversión, muchos de los cuales podrían evitarse si se fortalecen los mecanismos de transparencia y acceso a la participación y se asegura instituciones sólidas en el acceso a la justicia, objetivo que forma parte primordial del Acuerdo de Escazú.
La adopción de estándares internacionales como forma de asegurar una economía sana, tampoco es una novedad. Bancos de Desarrollo como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Financiera Internacional (IFC) tienen directrices de respeto de los derechos humanos y, como no, de respeto al medio ambiente. Tampoco es una novedad que nuestro país esté en constante adecuación de su institucionalidad interna a las nuevas exigencias de un mundo globalizado (como la firma de Tratados de Libre Comercio): la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (SENACE), etc., es una muestra de ello.
En este contexto, nuestro país firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre del 2018. El pre-dictamen para iniciar el proceso de ratificación fue entregado al Congreso de la República para su discusión y posterior ratificación por el presidente de la República el 2019. Este pre-dictamen contiene las opiniones técnicas de instituciones públicas como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM); el Ministerio del Ambiente (MINAM); el Ministerio de Cultura (MINCU); la Defensoría del Pueblo; incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX); entre otros a favor de la ratificación. Además del fortalecimiento de la democracia y la justicia ambiental en nuestro país, la ratificación del Acuerdo de Escazú significa un avance importante en el proceso de adhesión de nuestro país a la OCDE.
[ 1] OCDE (2020), Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú, OCDE París
[ 2] Contraloría General de la República. Disponible en: <https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2019/lima/np_872-2019-cg-gcoc>
[ 3] Reporte de Conflictos Sociales Nº 195. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-195-mayo-2020.pdf>
Foto: CPI
Noticias relacionadas
