Publicado en elpaís.cr
En Perú está en manos del Parlamento la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual plantea compromisos ambientales y consagra el derecho de las poblaciones a ser informadas y consultadas sobre decisiones que puedan afectar su entorno, entre otros alcances.Sobre el tema, Prensa Latina entrevistó al experto Hugo Cabieses, exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del Ministerio del Ambiente de su país.Prensa Latina (PL): Una campaña de medios de prensa, políticos y economistas neoliberales presiona al Congreso de la República para que rechace la ratificación del Acuerdo de Escazú y para ello alegan que Perú perderá su soberanía sobre los recursos de la Amazonía, para cederla a un control internacional. ¿Qué opina al respecto?
Hugo Cabieses (HC): Esta afirmación de los sectores populistas de derecha, contrarios a la globalización de los derechos de los ciudadanos y los pueblos indígenas en particular, no tiene ningún sustento.
Se trata de sectores políticos como el fujimorismo (Fuerza Popular, de Keiko Fujimori) y el alanismo (Partido Aprista, del suicidado Alan García), empresariales de la Confederación de Empresarios (Confiep).
También de las sociedades empresariales de Minería y Petróleo y otras, aliados con algunos militares antipatriotas a quienes lo único que les interesa son los negocios por encima de la vida y el ambiente, o los derechos de la población a estar informados.PL: ¿No es una paradoja que quienes combaten la ratificación del acuerdo y se dicen defensores de la soberanía, sean al mismo tiempo defensores de otorgar cada vez más ventajas y concesiones a las empresas transnacionales, sobre todo para operaciones extractivas que afectan el medio ambiente? HC: Así es. Es parte sustancial de su pensamiento y actuación antidemocrática y de mantenimiento de sus privilegios de siempre que, además, plantean ‘volver a la normalidad’, es decir a lo que ha sido el problema: El neoliberalismo extractivista enemigo del país y de la gente.PL: La Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha pedido un amplio debate público sobre el Convenio y sostiene que los principios y normas sobre transparencia en la utilización de recursos naturales contenidos en el Acuerdo de Escazú son similares a normas que ya rigen en Perú. ¿Qué opina al respecto? HC: Apoyo el pronunciamiento en el sentido de abrir un debate que ha sido cerrado por intereses empresariales, pero discrepo de la afirmación de que el Acuerdo de Escazú contiene normas similares a las que tiene el Perú.
Lo que tenemos son normas y barreras ambientales en la mayoría de los casos menores que las que tienen otros países, sobre todo los más desarrollados y, además, muchas de ellas no son vinculantes, obligatorias.
Es el caso de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y el Ordenamiento Territorial (OT) que no son obligatorios para inversiones extractivistas mineras, petroleras, boscosas o marítimas.
Otro es el caso de la consulta previa, libre e informada que en el Perú no es vinculante sino ‘recomendativa’. El Acuerdo de Escazú permitiría que sea corregida esta anomalía de la democracia y la economía sostenible.
PL: ¿Y qué le parecen las opiniones sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú del Ministerio del Ambiente, cuya titular pide la ratificación, y de la Cancillería peruana, que solo sugiere su debate?
HC: La ministra Fabiola Muñoz firmó el Acuerdo en 2018 y participó en las negociaciones de su contenido, en coordinación con la Cancillería y el presidente Martín Vizcarra. Es más, el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo un representante en las negociaciones de Escazú.
Ningún ministro puede firmar acuerdo alguno sin que estén informados el Canciller y el Presidente de la República, quien en última instancia conduce la política exterior del país.
La carta del canciller Gustavo Meza Cuadra, del 15 de junio del 2020, dirigida al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, tiene un lenguaje ambiguo y confuso que pocos pueden entender. Pero deja la impresión de que quiere decir entre líneas que ‘no estoy de acuerdo con ratificarlo’.
Sin embargo, como diríamos en el Perú, se trata de un ‘pleito de blancos’ mientras la crisis de régimen político continúa en modo pandémico y los indios, los de ‘color modesto’, están a favor de la firma del Acuerdo.
PL: Una de las conquistas de la lucha de los pueblos indígenas amazónicos es la Ley de Consulta Previa sobre actividades económicas en sus territorios. ¿La ley se está aplicando efectivamente?
HC: La Ley de Consulta Previa se está aplicando, pero de manera limitada, no incluye temas como consultar antes de otorgar una concesión y, como dije antes, no es vinculante.
Además, las empresas acostumbran ‘comprar’ a una parte de las comunidades para enfrentarlas con los que se oponen a la presencia de la empresa, mientras que el Estado casi siempre se pone del lado de la empresa, contra las comunidades.
El Estado no cumple un rol mediador sino cómplice y asume que primero es la inversión, por encima de la vida y el ambiente. Por esto es que hay tantos conflictos socio-ambientales.
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