¿EN QUÉ CONSISTE ESTE ACUERDO?

Es un tratado regional adoptado en marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Tiene como propósito mejorar la democracia ambiental desarrollando tres derechos:

Acceso a la información

El derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental.

Participación

El derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente.

Justica

El derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños.

El Perú, junto con otros 22 países, ha firmado este acuerdo pero aún falta que sea ratificado por el Congreso. Cabe recalcar que dicho acuerdo permitirá mejorar las capacidades nacionales y regionales para atender las diversas prioridades ambientales y climáticas que afectan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.