Por Magaly Avila Directora del Programa Gobernanza Ambiental de Proética / Publicado en LaMula.pe
Hoy más que nunca se requieren marcos legales que permitan tomar decisiones informadas en materia ambiental y de derechos humanos.
En el día 92 del estado de emergencia, el presidente Martín Vizcarra anunció el avance e impacto del COVID-19 en nuestro país. Entre otras cosas, señaló que “…enfrentamos la crisis más grande de nuestra historia, comparable a la guerra del Pacifico ocurrida hace 100 años”. Concuerdo, esta crisis no tiene precedentes, debido a las afectaciones para el espacio urbano y rural, este último con consecuencias dramáticas e irreversibles si se persiste en abordar sin una comprensión sistémica del problema ambiental e indígena, con limitada información oportuna y transparente, en donde los procesos de toma de decisiones se den sin abrir espacios de diálogo y la participación plena y efectiva de la ciudadanía para una correcta toma de decisiones.
El COVID-19 ha golpeado al Perú de manera diferenciada, y ha impactado en las personas, pero también en el tema ambiental hablando más ampliamente. En la Amazonía las regiones con mayor impacto son Loreto y Ucayali, que vienen sufriendo graves pérdidas económicas, sociales, culturales y ambientales. Paradójicamente son dos de las regiones con mayor avance de deforestación a nivel nacional. Mientras tanto, los pueblos indígenas de estas regiones demandan al Estado acciones urgentes que involucren un plan sanitario diferenciado y culturalmente adecuado, que tome en cuenta su situación de vulnerabilidad y diversidad.
La deforestación y las ilegalidades que la impulsan siguen avanzando a paso firme en la Amazonía. No hay Estado de Emergencia ni enfermedad que las detenga. El avance de la deforestación se ha mantenido y con ella las actividades ilegales siguen operando en completa impunidad. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ha seguido realizando intervenciones mediante operativos en Loreto y Ucayali a pesar del estado de emergencia; sin embargo, los riesgos existentes para la Policía Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacosta y los mismos fiscales por el avance incontrolable del COVID-19 han limitado la valiente labor en estas intervenciones, y así dificultado y ralentizado su labor de fiscalización a pesar de las denuncias de tala y transporte ilegal de madera.
Asimismo, al hacer una búsqueda en el Global Forest Watch (*) desde el inicio del estado de emergencia, se puede visualizar que a pesar de las restricciones dictadas durante esta coyuntura, el avance de deforestación es exactamente igual comparado con las mismas semanas en años anteriores. Es más, en abril hubo un comportamiento más elevado sobre alertas de deforestación comparado con las mismas semanas en años anteriores.
El COVID-19 es una ficha que ha entrado a jugar para visibilizar la situación de vulnerabilidad, marginación y abandono del Estado hacia los pueblos indígenas, donde sus líderes y población no solo mueren por este virus, sino que además defensores ambientales son asesinados presuntamente por denunciar el avance de ilegalidades en sus territorios, como el caso ocurrido en pleno estado de emergencia del jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, Arbildo Meléndez, quien había recibido amenazas por denunciar estos hechos.
Como hemos visto, la agenda ambiental y el COVID-19 están entrelazados; y aunque el panorama se presenta gris, hoy más que nunca se requieren marcos legales que permitan tomar decisiones informadas en materia ambiental y de derechos humanos, considerando a todas y todos los actores para impulsar una buena gobernanza ambiental. Es en este escenario que la ratificación del Acuerdo de Escazú, por parte del Congreso de la República, se presenta como una oportunidad. Dicho acuerdo busca desarrollar y garantizar los derechos de acceso a la información, para acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños.
Además, es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero que incorpora a las y los defensores ambientales, buscando garantizar su protección. Donde la agenda ambiental y la de derechos humanos finalmente se articula. Actualmente, dicho acuerdo se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde se debe aprobar para posteriormente pasar al Pleno del Congreso de la República.
Este es un tema que debe contemplarse como prioritario por este Congreso, por ello Proética junto a diversas organizaciones de la sociedad civil conformadas en la “Plataforma de sociedad civil para la ratificación del Acuerdo de Escazú”, desde principios de año impulsa una campaña (primero con candidatos al parlamento y ahora con congresistas), que busca exhortar al Congreso de la República a comprometerse a impulsar y aprobar la ratificación de este acuerdo durante el periodo parlamentario 2020-2021.
(*) Sistema de alertas de monitoreo de bosque en línea que une tecnología satelital, información abierta, y plataformas de colaboración abierta (crowdsourcing) para garantizar el acceso a información puntual y confiable sobre los bosques.
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