Desde el 20 al 22 de abril se ha llevado a cabo la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú luego de que el pasado 22 de abril de 2021 entrará en vigor después de un proceso transparente de negociación en donde participaron representantes de los países de América Latina y el Caribe y la sociedad civil, entre ellos, Perú.
El Acuerdo de Escazú desarrolla los derechos de acceso a la información, a la participación El Acuerdo de Escazú desarrolla los derechos de acceso a la información, a la participación pública y la justicia ambiental así como establece disposiciones para el reconocimiento y protección de los defensores ambientales. Nuestro país ha desempeñado un rol clave en la promoción del Acuerdo en el proceso de negociación.
Esta herramienta es clave para superar los desafíos y obstáculos de la democracia para garantizar un enfoque de derechos humanos en la gestión ambiental, con especial atención a las personas defensoras de derechos humanos ambientales quienes enfrentan amenazas constantes en el ejercicio de sus acciones. Puntualmente, consideramos que:
- El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para superar los desafíos de la democracia y la gobernanza ambiental del país. La transparencia, la rendición de cuentas, la participación pública y la justicia ambiental son ejes que se aplican bajo estándares que establecen discrecionalmente los gobiernos de turno de los países. En ese contexto, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la Banca Multilateral consideran que el Acuerdo de Escazú es fundamental para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles. Ambas entidades consideran al Acuerdo como el primer paso hacia la transición económica que necesitamos. Actualmente, son doce países de la región que ya han ratificado este Acuerdo y vienen haciendo compromisos concretos para su implementación. Somos uno de los pocos países en la región que está quedando atrás en la protección de derechos ambientales debido a los obstáculos para su adhesión por el Congreso de la República.
- Nuestro país tiene un deber y un compromiso pendiente. Es deber de las y los congresistas estudiar y analizar los alcances del Acuerdo de Escazú de manera objetiva y técnica, considerando el impacto en lo social, económico y ambiental. Desde la sociedad civil y la academia se han realizado análisis objetivos y extensos sobre el impacto positivo del Acuerdo de Escazú en el marco legal y en las instituciones públicas y privadas, que son de conocimiento público. Dada la historia del tratamiento de nuestros derechos ambientales y de la indiferencia a nuestra institucionalidad ambiental, es deber del Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú para su urgente implementación.
- No contamos con un régimen efectivo para la implementación de los derechos de acceso. Es urgente trabajar en mejores estándares de transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental. Muestra de ello es la ineficiencia con la que se viene atendiendo la emergencia ambiental ocasionada por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, que no es un caso aislado teniendo en cuenta los eventos similares en la Amazonía peruana y en el litoral del norte. Este desastre visibilizó la ineficiencia con la que se implementan mecanismos de transparencia y la necesidad de trabajar en procesos administrativos y judiciales para defender y proteger nuestros derechos ambientales. El Acuerdo de Escazú, promueve entre otros temas, la divulgación inmediata y por medios efectivos, de información que permita prevenir o limitar eventuales amenazas; medidas para facilitar el acceso a la información que esté en manos de entidades privadas; medidas para facilitar la prueba del daño ambiental; mecanismos para el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas; mecanismos para la reparación efectiva; entre otros.
Es así que, la sociedad civil, exige al Congreso de la República y a los representantes del Gobierno, adherirse al Acuerdo de Escazú e implementar los mecanismos jurídicos innovadores que introduce; elevar los estándares de eficacia del ejercicio de derechos de acceso; así como trabajar en mecanismos institucionales y legales para el reconocimiento y protección de personas defensoras.
Organizaciones y personas naturales adheridas:
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA
- Oxfam
- Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional
- Amnistía Internacional Perú
- Hivos
- RUA Perú UJCM Moquegua
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
- Derechos Humanos Sin Fronteras
- Iniciativa Cuencas Sagradas
- EarthRights International
- Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ
- GRUPO IMPULSOR DE MUJERES Y CAMBIO CLIMÁTICO- GIMCC
- Red Peruana por una Globalización con Equidad- RedGE
- Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización
- La Caracola Cooperativa Social
- Coordinadora 14N
- Red uniendo manos Perú
- MESA TÉCNICA DE SALUD AMBIENTAL Y HUMANA
- Vienes por el Futuro Perú
- Oceana
- Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas
- Grupo de Trabajo sobre Derrames Petroleros
- CAAAP
- Wildlife Conservation Society – WCS Perú
- Activista Reportando
- Sustainable Ocean Alliance Perú
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Idlads Perú
- Derecho, Interculturalidad y Ambiente- DIA
- Cuencas – Red de Asuntos Amazónicos
- APRODEH
- Lucía Ruiz Ostoic, experta ambiental y ex-Ministra del Ambiente del Perú
- SPD – Comisión de Derecho Ambiental
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
- Plataforma Europa Perú – PEP
- Colectivo Ciudadano Es Momento
- Equilibria – Conservación para la paz
- Cooperacción
- We World
- Centro de Estudios Regionales Bartolomé de las Casas
- Mariano Castro, ex – viceministro de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú
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